CONDENAN MEDIDAS DE TRUMP Y LA POSTURA DEL GOBERNADOR POLIS
Francisco Miraval
Grupos civiles en Colorado se preparan para enfrentar el nuevo Gobierno de Donald Trump y sus deportaciones masivas, que presumiblemente comenzarán el lunes en varias ciudades, entre ellas Denver. Las organizaciones además rechazaron las palabras del gobernador del estado, el demócrata Jares Polis, quien señaló que aceptará ayuda federal para “detener y deportar” a inmigrantes con antecedentes criminales.
“Esa declaración socava los valores de justicia y unidad en Colorado”, dijo Katie Leonard. La activista es la organizadora y portavoz de una nueva coalición (aún sin nombre) de unas 20 organizaciones de ayuda a inmigrantes. “Seamos claros: las deportaciones masivas no tienen que ver con la seguridad, sino con separar familias y crear miedo e inestabilidad en nuestras comunidades”, expresó Leonard.
Apoyo a mano dura de Trump
El gobernador Polis dijo durante la inauguración de la sesión 2025 de la legislatura estatal que espera que el presidente Trump y el Congreso “trabajen juntos rápidamente para asegurar la frontera, y detener la trata de personas y el flujo ilegal de armas y drogas”. “Apoyaremos a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad, sin importar de dónde sean. Todas las familias merecen vivir sin miedo a la separación forzada”, enfatizó.
El demócrata agregó que “recibiremos con agrado más ayuda federal para detener y deportar a criminales peligrosos”. Este apoyo estatal se suma al de otras regiones. Los comisionados del condado Douglas, al sur de Denver, aprobaron una resolución a favor de su propia colaboración con los agentes federales de inmigración. La resolución solicita al nuevo presidente “poner fin a las leyes de santuario estatales y locales en EEUU, incluido Colorado”.
Además, los comisionados se comprometieron a “oponerse activamente a leyes, funcionarios e instituciones que explotan aún más a los inmigrantes y victimizan a los estadounidenses”. Se anticipa que otros condados conservadores de Colorado, como El Paso, Teller y Weld, adoptarán resoluciones similares y se sumarán a las implementadas en Douglas de detener vehículos sospechosos de transportar a indocumentados, excepto autobuses registrados.
Movilización de inmigrantes
Los activistas y políticos a favor de la inmigración también se han movilizado. En la legislatura local se presentaron varios proyectos de ley para fortalecer leyes ya existentes que protegen a las comunidades de inmigrantes y restringen la colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los inmigrantes representan el 11,5 % de los trabajadores de Colorado, según datos de 2024 del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
“Nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad como miembros de la comunidad local aquí, como habitantes de Colorado, de responder y decirle a ICE: ‘Haz tu trabajo, pero deja de utilizar a las autoridades locales para que hagan tu trabajo por ti'”, dijo la senadora estatal demócrata Julie Gonzales. El grupo Juntos Comunidad hizo un acuerdo con la Alianza de Educación Superior e Inmigración (AHEI) para “fomentar la inclusión de inmigrantes”.
La iniciativa se basa en “cientos de encuestas y entrevistas con inmigrantes y refugiados en Colorado”, detalló Mariana Ortega Rivera, de Juntos. Luis Antezana, fundador y director de Juntos, urgió a las instituciones de Colorado a crear “un estado más equitativo y resiliente en el que todos los habitantes de Colorado puedan prosperar independientemente de su país de origen o estatus migratorio”.
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