CONFIRMAN SU CONDENA
Un tribunal de apelaciones ratifica la condena de Tina Peters, pero ordena reabrir su sentencia al determinar que fue castigada por sus declaraciones sobre fraude electoral, mientras rechaza el intento de indulto de Donald Trump.
Colleen Slevin y Matthew Brown / Associated Press
Un tribunal de apelaciones de Colorado dictaminó el jueves que la exsecretaria de condado Mesa condenada en un esquema que buscaba demostrar fraude en las elecciones presidenciales de 2020 debe ser sentenciada nuevamente. Según esta corte, el juez a cargo de su caso la castigó indebidamente por declaraciones protegidas como libertad de expresión.
Tina Peters cumple una condena de nueve años de prisión tras ser declarada culpable de delitos estatales por introducir a un experto informático externo para copiar el sistema de computadoras electorales de su condado durante una actualización de software en 2021.
Posteriormente, una foto y un video con contraseñas confidenciales del sistema de votación fueron publicados en redes sociales y en un sitio web conservador. Los llamados para liberar a Peters se han convertido en una causa emblemática dentro del movimiento que promueve teorías de conspiración sobre las elecciones.
Intentos de Trump por liberarla
El presidente Trump ha intentado sin éxito otorgarle un indulto y ha presionado a Colorado para que la libere. Los jueces del Tribunal de Apelaciones de Colorado confirmaron su condena en una resolución de 74 páginas que rechazó la idea de que Trump tenga autoridad para indultarla por delitos estatales.
Sin embargo, señalaron que un juez de primera instancia no debió considerar la continua promoción de teorías de fraude electoral por parte de Peters al momento de sentenciarla en 2024. Uno de los abogados de Peters, John Case, afirmó que el fallo reafirma la importancia de la libertad de expresión.
Habla abogado de Peters
“Tina Peters fue castigada por las palabras que utilizó para criticar nuestro sistema de votación inseguro e ilegal”, dijo Case. “La decisión confirma que las personas son libres de expresar lo que creen en Colorado y en el resto de Estados Unidos”.
Case indicó que probablemente solicitará en la nueva sentencia que Peters reciba como condena el tiempo que ya ha cumplido, aproximadamente 540 días, lo que permitiría su liberación.
Polis se pronuncia
El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, quien ha considerado concederle clemencia, elogió la decisión del tribunal por rechazar el indulto de Trump, pero al mismo tiempo defender los derechos de libertad de expresión de Peters.
“Este caso ha sido muy desafiante y una verdadera prueba de nuestra determinación como estado para mantener un sistema judicial justo, no solo para las personas con las que estamos de acuerdo, sino también para aquellas con las que discrepamos profundamente”, dijo Polis en un comunicado.
Derecho a la libertad de expresión
Peters fue secretaria del condado de Mesa, en el oeste de Colorado, y fue condenada por un jurado en una zona de fuerte tendencia republicana que ha apoyado a Trump.Se mostró desafiante cuando fue sentenciada por el juez Matthew Barrett y sostuvo que intentó descubrir lo que creía era fraude en beneficio del bien común. El juez la criticó duramente, calificándola de “charlatana” que utilizó su cargo para “vender falsas promesas”.
El tribunal de apelaciones determinó que Barrett violó su derecho a la libertad de expresión al castigarla por insistir en alegar fraude en las elecciones de 2020. También señaló que, dado que Peters ya no ocupa el cargo, no puede repetir la conducta que llevó a su condena.
“El tribunal de primera instancia claramente erró al imponer la sentencia basándose, al menos en parte, en el discurso protegido de Peters”, escribió el juez Ted Tow en la decisión del jueves. El tribunal devolvió el caso a una instancia inferior para que se dicte una nueva sentencia.
Trump ha amenazado con tomar “medidas severas” contra Colorado si el estado no libera a Peters. En febrero, afirmó que Colorado estaba “pagando un alto precio” por negarse a hacerlo.
Postura del fiscal Weiser
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, demócrata y aspirante a la gobernación, acusó a la administración Trump de llevar a cabo una campaña de represalias al recortar fondos y cancelar programas federales debido a la negativa del estado a liberar a Peters.
Weiser sostuvo, tras el fallo, que la sentencia original había sido “justa y apropiada”. “Independientemente de lo que ocurra con su sentencia, Tina Peters siempre será una delincuente condenada que violó su deber como secretaria del condado de Mesa, puso vidas en riesgo y amenazó nuestra democracia. Nada borrará esa mancha”, afirmó en un comunicado.
El Departamento de Justicia intervino en el intento de Peters de ser liberada mientras se consideraba su apelación estatal. La Oficina Federal de Prisiones también intentó trasladarla a una prisión federal. Tras el fracaso de ambos intentos, Trump anunció en diciembre un indulto para Peters.
Casa Blanca no se ha pronunciado
Sin embargo, los jueces de apelación señalaron que no encontraron precedentes de que un presidente indulte a alguien por un delito estatal. También rechazaron el argumento de sus abogados de que sus acciones se realizaron en defensa de un “interés federal”.
“No hemos encontrado ningún caso en el que el poder de indulto presidencial se haya extendido de tal manera que invada la soberanía de un estado”, indicaron, añadiendo que el indulto del presidente no tiene “ningún impacto” en el caso estatal contra Peters.
The Associated Press dejó mensajes en la Casa Blanca para obtener comentarios. Peters fue declarada culpable de tres cargos de intento de influir en un funcionario público y un cargo de conspiración para cometer suplantación criminal, conducta indebida oficial en primer grado, violación del deber y no cumplir con los requisitos de la Secretaría de Estado.
Sus abogados no negaron que utilizó la credencial de seguridad de un hombre local que fingió contratar para permitir que un asociado del director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, copiara el servidor del sistema electoral Dominion durante una actualización anual de software en 2021.
Sin embargo, argumentaron que su intención era preservar los datos electorales y determinar si algún actor externo había accedido al sistema durante el conteo de votos, y que no pretendía que la información se hiciera pública.

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