USCIS recorta vigencia de permisos laborales para inmigrantes

REDUCEN AUTORIZACIÓN DE TRABAJO DE 5 AÑOS A 18 MESES

Redacción El Comercio de Colorado

La administración Trump anunció que a partir del 5 de diciembre, la validez de las autorizaciones laborales se reducirá de cinco años a un máximo de 18 meses para varias categorías de solicitantes bajo protección humanitaria. La medida representa un nuevo giro restrictivo en la política migratoria federal y promete generar amplio debate en comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y expertos legales.

El anuncio fue realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que actualizó su manual operativo para establecer el nuevo periodo de vigencia. Entre las categorías afectadas se encuentran refugiados, asilados, solicitantes de asilo con casos pendientes, personas en proceso de ajuste de estatus, solicitantes de suspensión de deportación y quienes buscan alivio bajo la Ley NACARA.

En todos estos casos, los permisos emitidos nuevos o pendientes se regirán bajo el límite de 18 meses. Hasta ahora, quienes obtenían permiso bajo estos programas podían recibir autorizaciones con vigencia de hasta cinco años, lo que brindaba estabilidad para obtener empleo formal, insertarse en la economía y establecer planes de vida familiar y laboral en el país.

Seguridad nacional como argumento central

Sin embargo, la administración Trump sostiene que plazos más cortos permitirán un escrutinio más frecuente sobre los beneficiarios, especialmente luego de un reciente ataque que involucra a un inmigrante afgano que había recibido asilo. Joseph Edlow, director de USCIS, afirmó que la decisión busca “garantizar que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública”.

Según su declaración, los periodos extensos dificultaban un control recurrente sobre perfiles, algo que para la agencia se vuelve indispensable tras el ataque que cobró la vida de una miembro de la Guardia Nacional en West Virginia, mientras otra persona permanece hospitalizada en condición crítica. Edlow vinculó directamente el caso con la necesidad de reforzar los procesos de revisión y vigilancia.

“Después del ataque en nuestra capital por un extranjero admitido por la administración anterior, está más claro que nunca que debemos vetar con mayor frecuencia”, señaló. El discurso mantiene la línea de seguridad nacional que ha caracterizado las acciones migratorias del gobierno actual. Trump, por su parte, ha defendido públicamente medidas más estrictas para controlar el flujo migratorio.

En un mensaje reciente publicado en Truth Social, afirmó que buscará “pausar permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo” y prometió deportaciones aceleradas para quienes considere “una carga pública o riesgo para la seguridad”. Su postura endurecida busca mostrarse como un freno a lo que describe como una erosión del sistema migratorio y un desafío cultural para Estados Unidos.

Impacto en inmigrantes y organismos humanitarios

Organizaciones defensoras de inmigrantes y especialistas en derecho migratorio han advertido que la reducción en la duración de los permisos podría saturar aún más el sistema administrativo, obligando a los solicitantes a renovar con mayor frecuencia, pagando nuevamente tarifas y enfrentando tiempos de espera. Las personas tendrán que iniciar trámites con casi un año de anticipación para evitar perder su empleo o caer en estatus irregular.

Refugiados y solicitantes de asilo suelen depender del permiso laboral como principal vía de sustento mientras esperan respuesta a sus casos, un proceso que puede extenderse por años debido a los retrasos acumulados en cortes de inmigración. La incertidumbre sobre la renovación puede afectar acceso a vivienda, educación y beneficios básicos para miles de familias.

Una decisión con repercusiones políticas

El cambio también influirá en empleadores, quienes deberán verificar documentos con mayor frecuencia, lo que podría generar reticencia para contratar migrantes en procesos prolongados. Expertos anticipan también mayor presión sobre centros comunitarios, clínicas legales y organizaciones que asisten en procesos migratorios. El anuncio llega en medio de un clima político polarizado, con la migración nuevamente al centro de la discusión pública.

Para analistas, esta modificación envía un mensaje contundente de control y rigidez, y podría convertirse en un punto clave de debate en campañas presidenciales y legislativas, especialmente entre comunidades latinas, africanas y asiáticas con presencia creciente en el país. Defensores de inmigrantes sostienen que la decisión castiga a poblaciones vulnerables que huyen de violencia, persecución o crisis humanitarias.