Supremo cuestiona poder de Trump para imponer aranceles

ANALIZA SI EXCEDIÓ SUS FACULTADES ECONÓMICAS

Redacción Agencia Efe

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró escéptico sobre el poder del presidente Trump para imponer aranceles a prácticamente todos los territorios del mundo. El tema de los aranceles determinados por Trump obligó al Supremo a analizar si el uso que el mandatario hizo sobre una ley de emergencia para justificar los gravámenes fue correcto o no.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, celebró una audiencia para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una “amenaza” durante “una emergencia nacional”, es aplicable en este caso en caso del aumento de aranceles anunciado desde abril.

Desde el principio de la sesión, los magistrados plantearon dudas sobre la legalidad de su política arancelaria, incluidos los jueces conservadores, que acostumbran a ir en línea con el planteamiento del republicano, y si el poder de imponer los gravámenes recae en el Congreso de acuerdo con la Constitución.

Un fallo en contra de la política arancelaria de Trump, aunque parcial, sería un duro golpe para el mandatario, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a estas tarifas. El fiscal John Sauer, que representó la postura de la Administración, intentó defender la necesidad de aplicar estos gravámenes por una emergencia económica.

Sin embargo, Sauer negó que se buscase el beneficio económico. Sin embargo, Trump ha hecho bandera en más de una ocasión del dinero que iba a recaudar gracias a los aranceles.
El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts aseguró que la imposición de aranceles ha sido siempre competencia del Congreso.

Roberts agregó que otorgar también este poder al mandatario “neutraliza” la separación de poderes. Jueces como la magistrada progresista Sonia Sotomayor se mantuvieron firmes en que los aranceles son parte de la política tributaria, algo que, como defendió, corresponde al Congreso.

Uno de los momentos claves fue cuando el abogado de un grupo de empresas afectadas, una de las partes demandantes, declaró que el magistrado conservador Neil Gorsuch, nominado por Trump en 2017, había dado “en el clavo” con una de sus planteamiento que ponía en duda del proceder de la Administración.

Varios magistrados se mostraron convencidos con el argumento de que los aranceles busquen paliar una emergencia en gran parte porque hay países que recibieron aranceles “recíprocos”. El caso llegó al Supremo después de que tribunales inferiores y una corte federal de apelaciones considerasen que el mandatario había excedido sus poderes.

La impugnación fue presentada por un grupo de 12 fiscales demócratas, representados por el fiscal general de Oregón, y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal, que fue fiscal general de EE. UU. durante el mandato de Obama. Algunos magistrados se mostraron preocupados por problemas que podrían surgir en el caso de que el tribunal fallase en su contra.

Se referían al caso de las posibles devoluciones de los aranceles que las empresas ya han pagado o las repercusiones que podría tener limitar el poder del presidente de cara a una futura emergencia. Se espera que el Supremo dicte una sentencia a finales de junio, al cerrar el curso político, aunque es posible que dada la importancia del caso llegue antes.