Restablecen audiencias de fianza para migrantes detenidos

ORGANIZACIONES PROINMIGRANTES CELEBRAN EL REVÉS JUDICIAL AL DHS

Redacción El Comercio de Colorado

Una corte federal de apelaciones en California ordenó al gobierno de Estados Unidos restituir de inmediato el derecho a audiencias de fianza para migrantes detenidos por ICE, desmontando la política que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había impuesto en julio bajo la administración Trump. El fallo devuelve una garantía legal básica que por décadas permitió que muchos inmigrantes arrestados dentro del país solicitaran su libertad mientras avanzaban sus procesos.

La jueza Sunshine S. Sykes, del Distrito Central de California, determinó que la medida del DHS, que imponía detención obligatoria y sin posibilidad de fianza a personas que ingresaron sin autorización pero que ya residían en EE. UU., viola el debido proceso. La corte ordenó revertir esa política y restablecer el mecanismo para que cada detenido pueda pedir una audiencia individual ante un juez de inmigración. La decisión también certifica una demanda colectiva de alcance nacional.

Cubre a no ciudadanos sin estatus legal que entraron sin inspección, viven en EE. UU. y fueron detenidos dentro del país, no en un puerto de entrada. Antes del cambio de julio, este grupo podía solicitar fianza si cumplía ciertos criterios, lo que permitía que muchos siguieran sus casos en libertad. La política del DHS, ahora anulada, había ampliado la detención obligatoria al reclasificar a inmigrantes ya residentes como si fueran recién llegados, eliminando de facto la posibilidad de una audiencia de fianza incluso para personas sin antecedentes y con fuertes lazos familiares y comunitarios.

Reacción de organizaciones proinmigrantes

Con el fallo, nadie será liberado automáticamente, pero miles podrán volver a pedir una audiencia. Un juez deberá evaluar caso por caso si procede su liberación bajo fianza. Organizaciones estiman que más de 65 mil personas detenidas podrían beneficiarse al recuperar el acceso a este procedimiento fundamental. Grupos de defensa de inmigrantes reaccionaron de inmediato. La Coalición de Inmigración de Nueva York celebró la resolución al considerarla un freno a tácticas que, aseguran, erosionan el sistema legal.

Su presidente, Murad Awawdeh, calificó la política del DHS como “peligrosa e ilegal” y recordó que la ley garantiza el derecho a solicitar una audiencia de fianza. Sostuvo además que medidas como esta, sumadas a redadas en comunidades y lugares de trabajo, buscan sembrar miedo y obstaculizar el acceso a la justicia. El caso que detonó la decisión, el del venezolano Jonathan Javier Yajure Hurtado, ejemplifica el impacto de la política anulada. Pese a haber vivido en Estados Unidos varios años, su solicitud de fianza fue negada debido a la regla impuesta en julio.

Ahora, Yajure Hurtado y miles más podrán finalmente someter su situación al análisis independiente de un juez. La corte, en definitiva, restituyó un pilar del debido proceso: el derecho de las personas detenidas a que un juez determine si es necesario mantenerlas bajo custodia o si pueden enfrentar su caso en libertad.