POR CASO DE AGENTES DE LA CIA FALLECIDOS
Redacción El Comercio de Colorado
Un juez federal en México determinó llevar a juicio al exfiscal general del estado de Chihuahua César Jáuregui bajo el inusual cargo de traición a la patria. La decisión judicial responde a la acusación formulada por las autoridades federales, quienes señalan al exfuncionario por coordinar y ejecutar de manera ilegal una operación antidrogas en territorio nacional con agentes encubiertos de la CIA sin la notificación ni el aval del gobierno de la República.
El dictamen abre un proceso histórico en los tribunales mexicanos, que no procesaban judicialmente este tipo de delito desde hace varias décadas. El caso desató una intensa tormenta diplomática e institucional a raíz de un fatal accidente vehicular ocurrido en la zona serrana limítrofe entre Chihuahua y Sinaloa. En abril pasado, una camioneta que formaba parte del convoy policial tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino cayó por un profundo barranco.
Vínculos clandestinos y reclamo de soberanía
El siniestro provocó la muerte inmediata de dos funcionarios de la fiscalía estatal y de dos agentes estadounidenses pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia. La revelación de la presencia clandestina de oficiales extranjeros armados provocó la indignación del Poder Ejecutivo federal por violentar las leyes de soberanía territorial.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su enérgico rechazo a la incursión encubierta en suelo mexicano, recordando que las reformas constitucionales vigentes prohíben estrictamente cualquier actividad armada o de campo de agencias de inteligencia de Estados Unidos sin autorización explícita.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público Federal imputó a Jáuregui por poner en grave riesgo la seguridad nacional y quebrantar la cadena de mando. La fiscalía argumenta que autorizar el despliegue operativo de efectivos extranjeros vulnera la potestad exclusiva del Estado mexicano, solicitando condenas que podrían oscilar entre cinco y cuarenta años de prisión.
La defensa legal del exfiscal ha rechazado enérgicamente la acusación de traición, calificándola como un exceso desmedido con motivaciones políticas de cara a futuros comicios electorales. Sus abogados sostienen que los estadounidenses participaban exclusivamente en tareas de capacitación técnica en drones e inteligencia, asegurando que las presuntas fallas administrativas o descuidos en los protocolos no constituyen un acto de conspiración bélica contra el país.
Nuevas pesquisas por presuntos actos de corrupción
El escenario procesal contra Jáuregui se tornó aún más complejo tras las denuncias públicas de su antigua jefa, la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos. La mandataria estatal sostuvo una tensa discusión con la presidenta Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde responsabilizó directamente a su exfiscal por el operativo y reveló haber detectado maniobras financieras ilícitas durante su remoción del cargo.
A raíz de estas declaraciones, la Fiscalía General de la República abrió una investigación paralela por corrupción vinculada al control encubierto de casinos y utilización de prestanombres. Mientras se preparan las audiencias en los tribunales, el exfiscal permanece recluido bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, enfrentando cargos concurrentes por ejercicio ilegal del servicio público y una causa federal que tensa los lazos de cooperación en materia de seguridad entre México y Washington.
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