Ley en el Senado incluye fondos para que gobiernos locales colaboren en detenciones migratorias

ASIGNAN UNOS $3,500 MILLONES PARA CAPTURA Y PROCESO DE INMIGRANTES

Redacción El Comercio de Colorado

El Senado de EE. UU. continúa el debate del amplio proyecto de ley que, entre otras medidas, contempla un financiamiento histórico para reforzar la cooperación con gobiernos locales en el manejo de inmigrantes con antecedentes criminales. La iniciativa asignaría 3,500 millones de dólares al Departamento de Justicia para ofrecer subvenciones a estados y municipios con el objetivo de localizar y detener a inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos.

El documento establece que estos fondos podrán destinarse a tareas de investigación, procesamiento judicial, detención temporal, transporte y apoyo logístico, fortaleciendo la coordinación entre agencias federales y locales. Esta estrategia busca aumentar la capacidad de detenciones y acelerar procesos de remoción, especialmente en casos que representen un riesgo para la seguridad pública.

Incrementar el monto de las tarifas

Además, el proyecto introduce nuevas tarifas para personas en proceso migratorio. Se contempla un cobro mínimo de 100 dólares por solicitud de asilo y 1,000 dólares para quienes entren al país bajo “parole”, salvo excepciones médicas o humanitarias. También se fijan tarifas de hasta 550 dólares por permisos de trabajo para solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS y parole, además de tarifas anuales adicionales si sus solicitudes permanecen pendientes.

Los fondos recaudados se destinarán principalmente al Tesoro para reducir el déficit, aunque un porcentaje será asignado a USCIS y otras agencias para reforzar la revisión y prevenir fraudes migratorios. La propuesta, que podría votarse hoy en el Senado antes de pasar a la Cámara de Representantes, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y grupos proinmigrantes.

En particular, las secciones que imponen cobros a personas solicitantes de protección humanitaria han sido criticadas por su potencial impacto sobre las comunidades más vulnerables. Mientras tanto, la comunidad inmigrante y sus defensores siguen atentos al desarrollo de esta iniciativa, que, de ser aprobada, representaría un cambio profundo en el financiamiento y la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos.