EXEMPLEADAS DENUNCIAN ABUSOS Y LA FISCALÍA ESPAÑOLA ABRE DILIGENCIAS
Redacción Agencia Efe
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, tras la publicación de una investigación periodística que recoge acusaciones de acoso y agresión sexual formuladas por dos de sus exempleadas. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.
Según confirmaron fuentes fiscales a la Agencia EFE, se trata de diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, iniciadas incluso antes de que eldiario.es y Univisión Noticias hicieran pública su investigación este martes. El procedimiento se encuentra en una fase muy preliminar, es secreto y busca determinar el alcance de la denuncia y si la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos.
Procesado por delitos en el exterior
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los tribunales españoles pueden investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles. Esta normativa sustenta la posible competencia de la Audiencia Nacional en este proceso. Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sufrido agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Los relatos incluyen presuntas penetraciones sin consentimiento, bofetadas y abusos reiterados. Una de ellas describió la residencia del cantante en Punta Cana como “la casita del terror”. Ambos medios aseguran que las mujeres han aportado documentos laborales, fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y trámites migratorios que acreditarían su relación profesional con el artista.
Gobierno español apoya la investigación
Además, profesionales que atendieron a las denunciantes por las secuelas de los hechos habrían corroborado sus testimonios. Hasta el momento, Julio Iglesias no ha respondido a las solicitudes de información de los medios ni de la Agencia EFE, que también intentó contactar sin éxito a su entorno legal. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que el Ejecutivo apoya que la investigación llegue “hasta el final” y recalcó que no debe existir “impunidad”.
En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó que “cuando no hay consentimiento, hay agresión”, insistiendo en el respeto a la presunción de inocencia, pero también en la necesidad de investigar. Por ahora, las diligencias continúan en curso y no existen denuncias formales abiertas en República Dominicana, según indicaron fuentes de la Procuraduría General de ese país.

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