Gobierno de EE.UU. ofrece $2,500 a menores migrantes para que se autodeporten

(Foto/EFE)

NILRA DENUNCIAN VIOLACIONES A TRATADOS INTERNACIONALES

Redacción El Comercio de Colorado

El gobierno federal de EE.UU. ha puesto en marcha una nueva iniciativa que ofrece $2,500 dólares a los menores migrantes no acompañados que acepten regresar voluntariamente a sus países de origen. La medida, según reportó la agencia Associated Press, fue comunicada mediante correos electrónicos enviados a los albergues que acogen a menores bajo custodia federal.

El ofrecimiento se dirige a jóvenes de 14 años o más, quienes disponen de solo 24 horas para responder. La Administración para Familias y Niños, dependiente del Departamento de Salud, confirmó que no habrá consecuencias para quienes rechacen la propuesta. Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos advierten que el corto plazo y las condiciones de detención hacen dudar de la verdadera “voluntariedad” de la decisión.

De acuerdo con fuentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la oferta se aplicará inicialmente a adolescentes de 17 años, bajo el argumento de que el incentivo económico puede facilitar su reintegración en el país de origen. ICE indicó que el pago se entregará únicamente una vez que un juez de inmigración autorice el retorno y el menor llegue efectivamente a su destino.

La medida forma parte de la operación denominada “Freaky Friday”, que comenzó el 3 de octubre y busca promover la autodeportación de cientos de menores detenidos o recientemente liberados. Según información filtrada a organizaciones religiosas y de derechos humanos, quienes rechacen la oferta podrían recibir una carta de advertencia que sugiere posibles detenciones prolongadas o consecuencias para sus padres en Estados Unidos.

Reacción de organizaciones de Derechos Humanos

Defensores de los derechos de los migrantes, como la National Immigration Litigation Alliance (NILRA), han calificado la política como coercitiva e incompatible con las obligaciones internacionales del país. Aseguran que ofrecer dinero a niños detenidos, muchos de los cuales huyen de contextos de violencia o pobreza extrema, vulnera los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho al asilo.

“Estamos ante una práctica que utiliza incentivos financieros y amenazas implícitas para forzar decisiones en un contexto de extrema vulnerabilidad”, advirtió un comunicado del NILRA, una de las organizaciones que monitorea la situación. Además, alertaron que la operación podría expandirse a menores liberados de custodia e incluso a niños de apenas 10 años.

Organismos como UNICEF y Human Rights Watch advierten que el plan podría constituir una forma de devolución indirecta prohibida por los tratados internacionales. También han subrayado que los países de origen no cuentan con programas adecuados para recibir e integrar a estos menores, lo que aumenta los riesgos de abandono, violencia o reemigración. Recomiendan a los tutores no firmar ningún documento sin asesoría jurídica.