Enjuician a Castillo por delito de rebelión

PROTESTAS| Manifestantes enfrentan a miembros de la Policía, hoy, durante una protesta en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Arequipa, Perú. (Foto/Efe)

EL DESTITUÍDO PRESIDENTE PODRÍA PASAR 10 AÑOS EN PRISIÓN

Lima/ Agencia Efe

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo y su ex primer ministro Aníbal Torres por el delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución. Con la decisión del juzgado, el proceso penal contra Castillo queda formalmente iniciado y la Fiscalía puede solicitar la detención preventiva para el exmandatario, dado que venció el plazo para la prisión preliminar dictada en su contra.

Torres, quien dijo haber pasado a la “clandestinidad”, había convocado a los seguidores de Castillo a esperar su liberación ese día de la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el distrito de Ate, en la que está recluido hace seis días. La resolución del juzgado precisó que Castillo será investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, así como autor de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

Unos ocho meses de juicio

En tanto, Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como coautor en los delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, a diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La investigación contra Castillo y Torres ha sido calificada de compleja por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

La sala resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación y de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la formalización de la investigación, así como de la Procuraduría General del Estado, en su condición de representante de la parte agraviada. El juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el exmandatario puede ser procesado.

La arenga de Castillo

Castillo va a ser juzgado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel. Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido “ningún delito de conspiración ni rebelión”. En su lugar, Castillo afirmó que está “injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón”.

El exgobernante peruano también pidió a sus seguidores que lo acompañen, aunque en ese momento fue interrumpido por el juez San Martín, que le dijo que la audiencia no era “el espacio para este tipo de proclamas” y le pidió que solo ofrezca un alegato “desde la perspectiva jurídica sobre su defensa”.

Elecciones y emergencia

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propondrá al Congreso adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Este anuncio representa una reivindicación de los manifestantes que han salido en los últimos dos días a las calles en unas protestas en las que han fallecido siete personas. “He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones”, dijo Boluarte.

También Boluarte declaró un estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social”, en las que se han reproducido con más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y el adelanto de elecciones y en las que han desaparecido siete personas. “Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, dijo sin detallar a qué zonas se refiere.