CASO ANTE UN TRIBUNAL FEDERAL
Redacción El Comercio de Colorado
La ciudad de Denver presentó una demanda en un tribunal federal para impedir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a los centros de votación durante los próximos comicios legislativos. La acción legal interpuesta contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretario Markwayne Mullin sostiene que ordenar a oficiales federales realizar detenciones o ejecutar órdenes de arresto en sitios electorales vulnera abiertamente las leyes centenarias que prohíben la presencia de tropas armadas en las urnas.
El recurso jurídico impulsado por el municipio cuenta con el respaldo activo de prominentes organizaciones defensoras de los derechos civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Common Cause y UnidosUS. Los abogados demandantes argumentaron que el despliegue de personal federal armado genera un clima de intimidación que amenaza la libertad del proceso democrático y atemoriza a los votantes hispanos con ciudadanía estadounidense que acudirán a depositar sus papeletas.
Denuncian estrategia de supresión de votos
Frente a los cuestionamientos, la administración federal justificó la medida afirmando que los agentes solo intervendrán en las casillas ante amenazas directas o para perseguir a sospechosos previamente rastreados. Sin embargo, la parte querellante rechazó esa versión recordando precedentes recientes en los que agentes federales detuvieron por error a más de 170 ciudadanos estadounidenses e involucraron a civiles en incidentes violentos que terminaron con resultados fatales.
Por su parte, el alcalde de Denver, Mike Johnston, reaccionó con firmeza al declarar que apostar agentes migratorios cerca de las casillas busca asustar a la población y suprimir el sufragio en las comunidades inmigrantes. La dirigencia de UnidosUS coincidió en que la medida constituye una táctica abierta de sofocación electoral que atenta contra las garantías constitucionales, por lo que las autoridades locales prometieron defender la integridad del voto en las urnas hasta las últimas consecuencias legales.
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