Caso de Abraham González desata polémica en el Congreso

SUPUESTO MIEMBRO DE TREN DE ARAGUA QUE AGREDIÓ A AGENTES DE ICE

Redacción El Comercio de Colorado

La liberación de Abraham González, un venezolano de 23 años y presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua, generó una intensa confrontación en el Congreso entre el alcalde de Denver, Mike Johnston, y el representante republicano por Colorado, Jeff Crank. González fue arrestado en Denver por robo de vehículo y agresión, y permaneció detenido 345 días antes de ser liberado conforme a las normativas locales de la ciudad.

Una vez liberado, González fue detenido por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esa detención tuvo lugar en un estacionamiento. Crank aseguró el que esa transferencia del detenido a manos de ICE debió ocurrir dentro de la cárcel en la cual estaba recluido. “En transferir a González, en un estacionamiento, en la calle, derivó en un enfrentamiento físico donde el detenido agredió a los agentes de ICE”, aseguró el representante republicano.

Críticas republicanas y defensa de Johnston

Durante la interpelación en el Congreso, Crank calificó de irresponsable la política de Denver, argumentando que esta pone en peligro a los agentes de la ley al permitir que criminales sean liberados en espacios abiertos. “Liberaron a un miembro del Tren de Aragua en un estacionamiento sin esposas, confiando en que ICE pudiera arrestarlo sin incidentes. Esto puso en riesgo la vida de los agentes”, afirmó Crank.

El republicano también cuestionó a Johnston con preguntas directas: “¿Cambiaría este protocolo para que las transferencias se realicen dentro de la cárcel?”. El alcalde Johnston respondió que ya ha iniciado conversaciones con ICE para evaluar posibles ajustes a este procedimiento. Johnston defendió la gestión de la ciudad, enfatizando que en 1,226 transferencias anteriores no se había reportado un incidente similar.

Un caso que aviva el debate migratorio

Johnston también explicó que Denver sí coopera con ICE dentro del marco legal y que su administración está dispuesta a revisar la política si se encuentran áreas de mejora. El caso de González se convirtió en un punto clave en el debate sobre las llamadas “ciudades santuario”, con republicanos argumentando que estas políticas facilitan la impunidad de criminales, mientras que líderes demócratas, como Johnston, sostienen que la seguridad pública y el cumplimiento de la ley no dependen del estatus migratorio de las personas.