EN 2017| Rosa, con su familia en la foto, dejó de recibir $190 del programa SNAP por temor a la deportación. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo)
NEGARÍAN GREEN CARD POR USO DE BENEFICIOS PÚBLICOS
Por Gisela Salomon
Associated Press
La administración Trump está reviviendo una norma que podría negar las tarjetas de residencia (green cards) a los inmigrantes que utilicen beneficios públicos, los cuales podrían incluir cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda y otros. La política, conocida como “carga pública”, apareció el jueves en el Registro Federal.
Fue publicará formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. Bajo esta política, los solicitantes de tarjetas de residencia tienen que demostrar que no serían una carga para el país o “cargas públicas”. La política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como una de las medidas de la administración Trump.
La norma fue revertida por la administración Biden. Su regreso se produce en un momento en que la administración republicana está implementando una política de línea dura para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y cuando el costo de la atención médica y los alimentos está aumentando.
El gobierno federal “está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a espaldas de los trabajadores contribuyentes estadounidenses”, señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en X.
Amplían las opciones de descalificación
“El USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse a sí mismos”, añadía la publicación. La nueva norma de la administración Trump amplía los motivos de descalificación. No describe ni especifica por su nombre los beneficios y programas que podrían considerarse una carga pública.
Los funcionarios encargados de aplicar la política realizarán “determinaciones de inadmisibilidad por carga pública individualizadas y basadas en hechos específicos, en base a las circunstancias del extranjero”. Los funcionarios evaluarán la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento”.
La administración Trump promovió la norma por primera vez en 2018 como una forma de garantizar que solo aquellos que fueran autosuficientes llegaran a los EE. UU. Los defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron, afirmando que equivalía a una “prueba de riqueza”.
Los expertos en salud pública señalaron que provocaría peores resultados de salud. Manatt Health, un grupo que asesora a los gobiernos estatales y federales, estimó que la política habría disuadido a hasta 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentos, vivienda u otra ayuda para los que calificaban bajo la ley federal.
Alrededor de la mitad eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños o adultos que vivían en una familia de estatus mixto, según el grupo. Los expertos también destacaron que la mayoría de las personas que reciben beneficios del gobierno ya son residentes legales.
Un estudio de 2020 del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute) señaló que, si bien los “efectos disuasorios” pueden ser vastos, el número de inmigrantes que podrían ser considerados inelegibles para la residencia permanente legal basándose en el uso de uno de los beneficios públicos bajo la norma era pequeño.
El instituto estimó que no más de 167,000 personas —menos del 1% de los 22.1 millones de no ciudadanos que residían en los Estados Unidos en ese momento— podrían ser determinadas como inelegibles para una tarjeta de residencia basándose en su uso actual de un beneficio listado.
Norma que genera miedo
Había 22.8 millones de no ciudadanos viviendo en los EE. UU. en 2023, según la Oficina del Censo. Organizaciones no gubernamentales señalaron que la política generó confusión y temor, provocando que muchos inmigrantes y sus familiares nacidos en los EE. UU. decidieran no solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho.
Los defensores de los inmigrantes condenaron la decisión del gobierno de revivir la norma de la “carga pública” y expresaron su preocupación. “Esta regulación es un asalto directo a las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país”, declaró Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Coalición para Proteger a las Familias Inmigrantes (Protecting Immigrant Families Coalition).
“La administración Trump está basando las decisiones de inmigración en prejuicios y política, sin importar el daño resultante”. Sarah Krieger, asesora principal de políticas en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center), dijo que la norma haría que los inmigrantes tengan miedo de ir al médico, comprar alimentos en el supermercado y declarar impuestos.
“Con esta nueva norma, están sembrando el miedo y el caos para, en última instancia, remodelar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos que son blancos y extremadamente ricos son bienvenidos”, expresó Krieger. “La norma no solo es profundamente dañina, sino que también viola la ley”.
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