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EN SUNLAND PARK| Detenciones de migrantes por la Patrulla Fronteriza en la base del Monte Cristo Rey.(Foto/ Laurie Smith – El Comercio de Colorado)
MÉXICO RECHAZÓ EL PROYECTO DE LEY SB-4, QUE DEBE SER PROMULGADO POR GREGG ABBOTT.
Redacción El Comercio de Colorado
La Cámara de Representantes de Texas aprobó el proyecto de Ley SB-4 que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera. La nueva legislación exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en EEUU. Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Esta ley debe cumplir con algunas formalidades antes de poder entrar en vigor. La primero de los siguientes pasos para que la SB-4 se pueda aplicar es que sea firmada por el gobernador de Texas. Este seguramente no será un obstáculo. El mayor escollo serían las demandas que organizaciones pro-inmigrantes seguramente van a presentar cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de esta legislación local.
Legisladores republicanos locales que respaldaron la ley consideran que Texas tiene derecho a proteger a sus ciudadanos. “Si bien estoy de acuerdo en que estamos probando y empujando los límites, el estado tiene todo el derecho de proteger a sus ciudadanos, y esta nación tiene todo el derecho de esperar que Texas lo haga cuando se le llame a hacerlo”, dijo el senador estatal Charles Perry, actual autor del proyecto al defender su legalidad.
Preocupación del gobierno mexicano
El gobierno mexicano expresó este su rechazo a la legislación que pretendan detener el flujo de personas mediante su criminalización. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales. “Rechazamos cualquier medida que permita detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano” dice la SRE.
Las autoridades mexicanas apuntaron que “reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir” las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero “respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”. A la SRE le preocupa que la legislación propicie ambientes hostiles que deriven en crímenes de odio.
Además, reiteró “su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso”. Ante ello, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas, entre otras medidas, a aumentar sus encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado.
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