Iniciativa 132 divide a comunidad entre castigo carcelario y salud pública

IMPACTO EN LA JUSTICIA PENAL

Redacción El Comercio de Colorado

Los electores de Colorado acuden a las urnas para decidir el futuro de la Proposición 132, una polémica iniciativa ciudadana que busca endurecer sustancialmente las sanciones penales vinculadas a los delitos de fentanilo en Colorado. La propuesta plantea una transformación drástica del código penal para elevar la distribución, venta o transferencia de cualquier cantidad de esta droga a delito grave de Nivel 1.

Esta categoría representa el rango criminal más severo contemplado por la ley estatal e impone condenas mínimas obligatorias de prisión que van desde los 8 hasta los 32 años tras las rejas sin opción a beneficios atenuantes. Al mismo tiempo, la medida establece que la posesión de cualquier monto de la sustancia pase a considerarse de inmediato un delito grave.

Quienes sean sorprendidos portando menos de un gramo enfrentarán cargos de delito grave de Nivel 4 sujetos a programas de rehabilitación médica obligatoria ordenados por un tribunal judicial. El texto normativo elimina además la tradicional defensa por desconocimiento involuntario del contenido de la sustancia y restringe la discrecionalidad judicial para rebajar penas.

Incremento de sanciones frente a crisis mortal

Las organizaciones conservadoras y comités impulsores afirman que la medida introduce un freno necesario contra el narcotráfico y salva vidas mediante la intervención del sistema judicial penal. Desde la organización Advance Colorado señalaron que la iniciativa ofrece el equilibrio entre responsabilidad y compasión ante la catástrofe humanitaria de los opioides sintéticos.

La concejal de Aurora, Angela Lawson, manifestó que para ella esto se reduce a la rendición de cuentas y la seguridad pública. Añadió además que el fentanilo es una sustancia extraordinariamente peligrosa y que deben existir consecuencias significativas para quienes lo distribuyen, mientras se continúa brindando opciones de tratamiento para personas con abuso de sustancias.

Alerta por retroceso sanitario y costos carcelarios

Del otro lado, una amplia coalición de profesionales médicos, expertos en salud mental, defensores de derechos civiles y fiscales de distrito advierten que el enfoque repite los errores históricos de la guerra contra las drogas. Según los opositores, imponer penas de cárcel de hasta 32 años a jóvenes que comparten una dosis con un conocido equipara injustamente a los consumidores con los grandes cárteles organizados.

Desde la campaña Vote No on Prop 132 subrayaron que la 132 no resolverá la crisis de las drogas, alertando que las penas extremas costarán más vidas y obligarán a los contribuyentes a desembolsar al menos $ 433 millones para enriquecer a corporaciones carcelarias sin aportar fondos de financiamiento.

Asimismo, el director de políticas públicas de ACLU Colorado, Anaya Robinson, advirtió que estas medidas solo han agravado el daño y empujado a las personas aún más hacia las sombras, dificultando la búsqueda de auxilio médico y creando barreras permanentes de antecedentes penales.

Los críticos recalcan que restringir las leyes de auxilio desincentivará las llamadas de emergencia al 911 en momentos críticos, disparando las fatalidades evitables en la comunidad.