PENTÁGONO Y PARTICULARES SE ASOCIAN PARA INVERTIR
Redacción El Comercio de Colorado
Basado en un reporte de Collin Binkley y Juan Pablo Arráez/ The Associated Press
El gobierno de Estados Unidos y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron la firma de un acuerdo petrolero de alcance histórico que otorgará a Washington acceso directo a las vastas reservas de hidrocarburos del país sudamericano. El acuerdo contempla inversiones para reactivar la extracción de crudo en Venezuela.
La negociación, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, busca canalizar la producción hacia la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense y el suministro de las fuerzas armadas. Para EEUU esta es una iniciativa para fortalecer la seguridad energética frente a la volatilidad de los precios internacionales.
El entendimiento estipula la creación de una nueva empresa mixta junto a un operador privado, otorgándole derechos de explotación sobre yacimientos petroleros sin desarrollar por un periodo de hasta cien años. Informes señalan que la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP) —dirigida por el empresario Alejandro Betancourt— es el principal socio privado venezolano involucrado.
Un socio cuestionado
Betancourt es un empresario con causas penales, por supuesto lavado de dinero, en Reino Unido, España y Suiza. Y fue responsible de la empresa de ingeniería Derwick que ganó contratos para proyectos eléctricos en Venezuela de los que reportan problemas de ejecución. Según reportes de prensa, Betancourt ha actuado como intermediario entre la administracion federal de EEUU y Rodríguez.
A través de esta estructura, Estados Unidos obtendrá el 55% de la producción efectiva de la compañía, lo que incluye participación accionaria y el derecho a adquirir el recurso a precio de costo. Según funcionarios norteamericanos, esta nueva entidad se posicionará como el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas del mundo, ubicándose únicamente por detrás de la estatal Saudi Aramco.
Por su parte, Rodríguez explicó en una locución transmitida por televisión nacional que el proyecto abarca la operación en diecisiete campos estratégicos y ocho bloques en la Franja Petrolífera del Orinoco, con una meta trazada de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Rodríguez sostuvo que el Estado venezolano mantendrá la soberanía de sus recursos y estimó que el pacto generará ingresos por más de 209 mil millones de dólares mediante un esquema con regalía mínima del 16% e impuesto sobre la renta del 34%.
Se abre el debate en Washington
Estos fondos se destinarán a financiar programas de vivienda, salud, salarios y servicios públicos esenciales. Asimismo, manifestó la intención de sumar capital privado transnacional mediante alianzas estratégicas con gigantes del sector como Chevron, Repsol o Shell. Pese al optimismo oficial, analistas financieros y expertos en materia energética advierten que los efectos del acuerdo no se traducirán en un alivio inmediato para los consumidores en las estaciones de servicio en EEUU.
La infraestructura petrolera venezolana padece un deterioro severo tras años de desinversión y falta de mantenimiento, por lo que desplegar el capital necesario para reparar la capacidad instalada tomará varios años. Del mismo modo, persisten dudas sobre qué actores asumirán los costos operativos iniciales y los problemas del socio privado que liderará las ejecuciones en el terreno.
El anuncio ha desatado profundas divergencias en el ámbito político legislativo de Washington. Mientras senadores republicanos defienden el plan como una victoria geopolítica crucial para reducir la dependencia del crudo canadiense o mexicano, legisladores demócratas han criticado la falta de transparencia del texto contractual y cuestionado los riesgos asumidos para favorecer intereses corporativos privados.
Competencia para empresas petroleras de EEUU
En tanto, voceros de la industria privada estadounidense se muestran cautelosos, señalando que existen serios obstáculos logísticos que deben resolverse antes de comprometer capital a largo plazo en la zona. Igualmente, señalan que el modelo escogido, el de un empresa mixta, con apoyo oficial del estado norteamericano implica que el estado ha decidido competir con las empresas petroleras privadas de EEUU.
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