Más de mil desplazados por violencia en Sierra Tarahumara

CRISIS HUMANITARIA| Población de Atascadero se ve forzada a buscar otro lugar donde vivir. (Foto/ FCR)

CRISIS HUMANITARIA EN 2026

Redacción El Comercio de Colorado

La Sierra Tarahumara enfrenta una de sus peores crisis humanitarias y de seguridad recientes. La escalada de violencia provocada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado ha forzado a cientos de familias a abandonar sus hogares para salvar la vida, ante una respuesta institucional que activistas califican de insuficiente.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), entre 800 y 1,500 personas se han visto obligadas a huir de sus comunidades en lo que va de 2026, concentrándose la mayor problemática en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Ataques con drones y explosivos en Cinco Llagas

El episodio más reciente y alarmante ocurrió a partir del lunes 29 de junio en el seccional de Cinco Llagas, así como en localidades vecinas como Los Alisos, Mesa Colorada y Pie de la Cuesta. Habitantes reportaron que desde el domingo 28 de junio se les alertó sobre posibles disputas territoriales entre carteles.

Posteriormente, las comunidades quedaron completamente incomunicadas tras el corte del servicio de internet. Durante las incursiones armadas se denunció el uso de artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones directamente contra las viviendas. En medio del caos, decenas de familias buscaron refugio dentro de la iglesia de Cinco Llagas.

Mientras, ellos escuchaban cómo las detonaciones destruían los techos de sus hogares.

Este ataque dejó un saldo trágico. Una mujer de 39 años y un niño perdieron la vida, y varias personas resultaron heridas. El miedo obligó a más de 20 familias —al menos 153 personas— a emprender la huida inmediata.

Comunidades indígenas, las más afectadas

El perfil de los afectados por este fenómeno refleja una vulnerabilidad extrema. Entre las víctimas que hoy deambulan por la sierra o buscan albergue se encuentran niños, niñas, mujeres, adultos mayores y personas heridas. La gran mayoría de los desplazados en la región son indígenas rarámuris y habitantes de zonas rurales de muy difícil acceso.

Actualmente, el grupo de 153 desplazados de Cinco Llagas se encuentra dividido. Por un lado, un contingente de 83 personas logró llegar al seccional de Baborigame, donde han sido acogidas provisionalmente por los propios pobladores, quienes les proveen hospedaje, cobijas y alimentos ante la lenta respuesta de las autoridades.

Por otra parte, un grupo de 70 personas escapó caminando directamente hacia las profundidades de la sierra y hasta el momento se desconoce su paradero exacto o su estado de salud. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el caso de un joven que sufrió fracturas en ambas piernas debido a una explosión y tuvo que esperar dos días para recibir atención médica por la falta de una ambulancia operativa en la región.

Un patrón de abandono institucional

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), en conjunto con agrupaciones como Contec, Cosyddhac, Alianza Sierra Madre y la Casa del Migrante Saltillo, emitieron una Acción Urgente dirigida a los tres niveles de gobierno y a la Presidencia de la República.

Las organizaciones enfatizan que la violencia en Guadalupe y Calvo no es un hecho aislado, sino una constante sin solución de fondo. Cinco Llagas ya había vivido un desplazamiento masivo de 500 personas en 2024. Asimismo, la violencia criminal provocó el éxodo de familias en el poblado de Dolores a finales de 2024.

Mientras el pasado 24 y 25 de febrero de este 2026, más de 200 familias (alrededor de 600 personas) tuvieron que evacuar la comunidad de Atascaderos. A pesar de los operativos de seguridad desplegados, los activistas acusan que las autoridades estatales y federales continúan minimizando el impacto del desplazamiento forzado interno.

La Red TDT exige el envío inmediato de fuerzas de seguridad coordinadas, ayuda humanitaria urgente, investigaciones judiciales efectivas y el establecimiento de condiciones reales para un retorno seguro de las comunidades originarias a sus tierras.