DICTAMEN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PorLindsay Whitehurst, Associated Press
La Corte Suprema respaldó a la administración Trump en un caso de inmigración relacionado con el poder del gobierno sobre los titulares de tarjetas de residencia permanente (green cards) acusados de delitos. La decisión de 6 votos contra 3 se centra en la medida adoptada por oficiales de inmigración en 2012 de colocar al residente permanente legal Muk Choi Lau bajo “libertad condicional migratoria” (immigration parole) cuando regresaba de un viaje corto a China, debido a que había sido acusado de un delito de falsificación.
Lau argumentó que el oficial se extralimitó en su autoridad y que la decisión permitió erróneamente al Departamento de Seguridad Nacional (bajo el entonces presidente Barack Obama) un camino más fácil para su deportación después de declararse culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey. El alto tribunal no estuvo de acuerdo. “Los oficiales fronterizos no tenían la carga de establecer mediante pruebas claras y convincentes que Lau había cometido un delito que implicaba bajeza moral”, escribió el juez Clarence Thomas en la opinión mayoritaria.
La jueza Ketanji Brown Jackson disintió, escribiendo que la decisión de poner a Lau bajo libertad condicional migratoria efectivamente lo sentenció a un “limbo migratorio” antes de haber sido condenado por algún delito. “Me preocupa que la Corte le haya entregado ahora al Gobierno un enorme cheque en blanco”, escribió en el voto disidente, al que se unieron sus dos colegas liberales.
El grupo liberal Alliance for Justice (Alianza por la Justicia) se hizo eco de esa preocupación, señalando que el fallo podría abrir una vía más amplia para revocar las green cards. Por el contrario, Advancing American Freedom, un grupo fundado por el exvicepresidente republicano Mike Pence, lo calificó como un caso importante para permitir la expulsión de personas que “abusan del privilegio de que se les conceda el estatus de residente permanente legal”.
La decisión llega mientras el alto tribunal analiza una serie de asuntos relacionados con la inmigración bajo el contexto de las estrictas medidas migratorias del presidente Donald Trump, aunque este caso específico comenzó antes de que Trump asumiera el cargo. Su administración argumentó que la sospecha de un delito es suficiente para colocar a un residente permanente legal (green-card holder) bajo libertad condicional migratoria. Los abogados federales instaron a la corte a adoptar una visión amplia de la autoridad ejecutiva sobre la inmigración.
El tribunal también está evaluando casos sobre el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, la posible reactivación de una política de asilo restrictiva y el fin de las protecciones legales temporales para los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales en sus países de origen.
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