INSTALACIONES DE 850 METROS CUADRATOS| Vista de laboratorios desmantelados en Chihuahua durante el operativo antidrogas en el que habrían participado dos estadounidenses. (Foto/ Cortesía Gobierno de Chihuahua)
ACCIDENTE OCURRIÓ LUEGO DE DESMANTELAR LABORATORIOS EN LA SIERRA TARAHUMARA
Redacción El Comercio de Colorado
La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en la sierra de Chihuahua ha revelado una operación antidrogas de gran escala, pero también ha abierto una profunda crisis política entre autoridades estatales y el gobierno federal mexicano, debido a versiones encontradas sobre la participación de funcionarios extranjeros en campo.
El accidente ocurrió la madrugada del 19 de abril de 2026 en la sierra Tarahumara, una extensa región montañosa al suroeste del estado de Chihuahua, cercana a la frontera natural con Sinaloa. En esa zona de barrancas, bosques densos y caminos de terracería, un convoy de cinco vehículos oficiales regresaba tras un operativo contra laboratorios de drogas sintéticas.
El primer vehículo de la caravana perdió el control, derrapó y cayó por un barranco antes de explotar. En el lugar murieron cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera; su escolta, Manuel Méndez; y dos agentes de la CIA que formaban parte del despliegue.
Medios revelaron presencia de los norteamericanos
La presencia de los dos agentes de la CIA fue una revelación de medios estadounidenses como The Washington Post y The New York Times. Las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente sus identidades. El operativo del que regresaban había sido uno de los más grandes realizados en años recientes en la región.
De acuerdo con información periodística del corresponsal de BBC Mundo en México, Daniel Pardo, el despliegue incluyó alrededor de 100 funcionarios y permitió el desmantelamiento de seis laboratorios del narcotráfico ubicados mediante sobrevuelos con drones. Estos centros de producción de drogas sintéticas, presuntamente vinculados al crimen organizado, tenían una estructura industrial.
Uno de esos laboratorios alcanzaba aproximadamente 850 metros cuadrados y almacenaba grandes cantidades de precursores químicos como acetona, gas y material cristalino utilizado para la elaboración de metanfetaminas. Las instalaciones estaban ocultas en zonas de difícil acceso, aprovechando la compleja geografía de la Sierra Madre Occidental.
Reacción de Sheinbaum
La participación de agentes estadounidenses en este tipo de operaciones ha encendido el debate político. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no fue notificado de la presencia de personal de la CIA en el operativo, lo que podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
“No puede haber agentes de Estados Unidos operando en campo sin autorización”, afirmó. Sin embargo, las versiones oficiales dentro de México no coinciden. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero afirmó que los estadounidenses participaron directamente en el operativo, pero luego rectificó y sostuvo que solo se habrían integrado después de la acción principal.
En contraste, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, insistió en que la participación extranjera en campo no forma parte de los protocolos oficiales y que, en todo caso, su rol se limita a capacitación o apoyo técnico. Estas contradicciones han intensificado las dudas sobre el nivel real de cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses.
Posibles sancionados
Mientras el gobierno federal analiza posibles sanciones y ha solicitado explicaciones formales a Washington, el caso ha escalado a un conflicto diplomático. Desde la Casa Blanca se han emitido llamados a la “empatía” por la muerte de los agentes, en medio de un contexto de presión política del presidente Trump para reforzar acciones directas contra los cárteles.
El accidente no solo dejó una tragedia en la sierra, sino que también expuso una zona gris en la cooperación bilateral en materia de seguridad, donde operaciones encubiertas, apoyo tecnológico y presencia de agencias extranjeras parecen cruzar límites que México oficialmente niega haber autorizado.
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