“Una Mano, Una Esperanza” enfrenta desalojo

ORGANIZACIÓN ALERTA SOBRE CONSECUENCIAS PARA VÍCTIMAS EN DENVER

Redacción El Comercio de Colorado

La organización sin fines de lucro “Una Mano, Una Esperanza”, ubicada en West Denver, enfrenta una amenaza de desalojo que podría interrumpir servicios esenciales para cientos de familias latinas vulnerables. La directora ejecutiva y fundadora, Rosa Marie Vergil García, advirtió que la medida pondría en riesgo programas clave para víctimas de violencia doméstica, adultos mayores y personas que dependen de asistencia básica para sobrevivir.

Desde hace más de una década, la organización ha brindado apoyo a víctimas latinas de crímenes, especialmente casos de violencia doméstica, ayudándolas a navegar el sistema judicial, acceder a recursos legales, cubrir renta y obtener alimentos. Según Vergil, el centro atiende a más de 700 personas mensualmente y ofrece actividades recreativas y de acompañamiento integral a unos 100 adultos mayores cada semana.

Vergil habla de profunda injusticia

Vergil calificó la orden de desalojo como “profundamente injusta” y aseguró que no se les ha ofrecido una explicación clara ni una alternativa viable para reubicar los servicios. “Este espacio ha sido, durante años, un centro de servicio y esperanza”, expresó en su mensaje, subrayando que el impacto recaería directamente sobre personas de la tercera edad y sobrevivientes inmigrantes que temen denunciar abusos por miedo a la deportación o represalias culturales.

La directora señaló además que desde hace dos meses han solicitado formalmente diálogo con el alcalde y el gobernador, sin recibir respuesta. Sostiene que la falta de comunicación agrava la incertidumbre para una comunidad que depende de estos programas para mantenerse a salvo y económicamente estable. El conflicto, según la información disponible, estaría relacionado con el arrendamiento, ya sea por vencimiento de contrato o disputas de renta.

No se han divulgado públicamente detalles de una demanda judicial formal ni la identidad del propietario del inmueble. La organización opera como inquilina en ese espacio desde aproximadamente 2016. La posible expulsión no solo implicaría el cierre físico de una oficina, sino la interrupción de servicios sensibles para víctimas de violencia que requieren confidencialidad y acompañamiento constante.

Abiertos al diálogo

Especialistas en trabajo comunitario advierten que cuando este tipo de programas desaparecen, muchas víctimas regresan a entornos de riesgo por falta de apoyo institucional o barreras lingüísticas. La reacción en Denver ha sido inmediata. Miembros de la comunidad latina han expresado respaldo en redes sociales y a través de peticiones públicas, mientras líderes comunitarios y donantes históricos han pedido mediación para evitar el cierre.

Vecinos han comenzado a organizar vigilias y a enviar cartas al Concejo Municipal solicitando que se busque una solución que permita la continuidad de los servicios. Vergil insiste en que el objetivo de la organización no es confrontar, sino continuar sirviendo con transparencia y vocación social. “Nuestro único propósito es seguir apoyando a la comunidad”, afirmó, al tiempo que solicitó que se visibilice la situación para abrir un espacio de diálogo.

“Queremos que este caso, por la vía del diálogo, permita una solución justa y humana. Si el desalojo se concreta, cientos de familias latinas en Denver podrían perder un punto de referencia vital en momentos de crisis, en un contexto donde el acceso a recursos legales y sociales continúa siendo un desafío para poblaciones inmigrantes y de bajos ingresos”, concluyó.