PAÍS AFRICANO SIN LIBERTADES POLITÍCAS Y CON LA TASA DE SIDA MAS ELEVADA DEL MUNDO
Redacción El Comercio de Colorado
Ábrego García podría ser deportado a Esuatini, un pequeño país sin salida al mar ubicado en el sur de África, entre Sudáfrica y Mozambique. Anteriormente conocido como Suazilandia, Esuatini es conocido por su paisaje montañoso y por ser el último reino absoluto del continente africano. El país es gobernado por el rey Mswati III desde 1986, quien concentra todo el poder político. Existen elecciones legislativas cada cinco años pero los partidos de oposición están prohibidos y las decisiones dependen directamente del monarca.
La comunidad internacional cuestiona a ese país por la falta de libertades políticas y la represión a la disidencia. Con una población de alrededor de 1.1 millones de habitantes, la mayoría de ellos pertenecientes a la etnia suazi, Esuatini mantiene un fuerte vínculo cultural con Sudáfrica, país al que su población emigra en busca de empleo. Los idiomas oficiales son el suazi (siswati) y el inglés, utilizado ampliamente en el comercio y en el sistema educativo. La economía de Esuatini se basa principalmente en la agricultura, siendo la caña de azúcar su producto estrella.
También produce textiles, tabaco y concentrados para bebidas. Sin embargo, el país enfrenta grandes retos socioeconómicos: más de la mitad de su población vive bajo el umbral de la pobreza y un 29% en pobreza extrema. El desempleo juvenil es particularmente alto, lo que impulsa la emigración. Uno de los mayores desafíos de Esuatini es la alta prevalencia de VIH/SIDA, la más elevada del mundo, afectando a más del 26% de la población adulta. Este es un dato aportado por la Organización Mundial de la Salud.
Ha recibido vietnamitas, jamaiquinos, y yemanies
A ello se suman sequías recurrentes que ponen en riesgo la producción de alimentos y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades rurales. En julio de 2025, Estados Unidos deportó a Esuatini cinco inmigrantes extranjeros —de países como Vietnam, Jamaica y Yemen— después de que sus naciones de origen se negaran a recibirlos. La medida forma parte de acuerdos recientes de “tercer país seguro”. La decisión provocó protestas en la sociedad esuatini, que teme por la seguridad y critica la falta de transparencia.
El gobierno local aseguró que los migrantes están en tránsito y serían enviados a sus países de origen, mientras grupos civiles ven el caso como ejemplo de externalización de las políticas migratorias de Estados Unidos. El caso de Ábrego García ha seguido un camino complejo. El salvadoreño huyó de su país hace más de una década tras amenazas de pandillas y vivía en Maryland junto a su esposa e hijos. A inicios de este año fue detenido y deportado a El Salvador por un “error administrativo”, a pesar de contar con un beneficio que impedía su expulsion.
Tras semanas en la cárcel de máxima seguridad CECOT, el gobierno de Estados Unidos lo trajo de vuelta al país y lo mantuvo bajo custodia de ICE. En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional notificó que su nuevo destino de deportación sería Uganda. Sin embargo, sus abogados solicitaron a un juez de inmigración la reapertura de su expediente de asilo, que había sido negado en 2019 por presentarse fuera de plazo. La defensa argumenta que Ábrego corre riesgo de persecución y tortura si es enviado a cualquier país de Centroamérica.

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