SEGÚN LO EXIGIÓ UN JUEZ
Redacción El Comercio de Colorado
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reactivó el procesamiento de solicitudes de beneficios presentadas por personas acogidas al programa de parole humanitario, entre ellas ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La reanudación incluye permisos de trabajo, autorizaciones de viaje, renovaciones del parole y solicitudes de asilo que habían quedado paralizadas desde enero de 2025 por orden del Gobierno federal.
Esta decisión responde a una orden emitida el 28 de mayo por la jueza federal Indira Talwani, en el marco del caso Svitlana Doe vs. Kristi Noem, que anuló la suspensión administrativa de estos trámites impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “No es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas no puedan trabajar ni mantenerse a sí mismas”, señaló la jueza en su fallo.
Impacto directo en programas humanitarios
La orden judicial también impacta otros programas migratorios como Unidos por Ucrania, que protege a más de 240,000 ucranianos; el programa de reunificación familiar; y el parole militar para veteranos y sus familias (MPIP). Según un memorando firmado por Angelica Alfonso-Royals, directora en funciones de USCIS, los agentes deben verificar caso por caso antes de reactivar los trámites, pero están obligados a continuar procesando solicitudes detenidas.
El parole humanitario ha sido objeto de constantes litigios desde su implementación por la administración de Joe Biden, primero para venezolanos a finales de 2022, y luego extendido a cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero de 2023. Este programa ofrecía una vía legal para ingresar y residir temporalmente en EE.UU. por hasta dos años, con derecho a permiso de trabajo.
Un futuro incierto
Sin embargo, en un fallo separado del 30 de mayo, el Tribunal Supremo autorizó la paralización del programa CHNV, dejando a unos 530,000 beneficiarios sin estatus migratorio vigente y expuestos a deportaciones masivas. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, calificó la decisión como “la mayor ilegalización de personas en la era moderna”, superando incluso la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que el Supremo también avaló recientemente.
A pesar de esta reactivación parcial, las nuevas solicitudes al programa parole humanitario siguen sin estar habilitadas. Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que el futuro de los beneficiarios sigue siendo incierto mientras los tribunales federales continúan dictando fallos contradictorios y el Congreso no avanza en una reforma migratoria integral.

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