Demandado gobernador de Colorado por presunta cooperación con ICE

POLIS DEFIENDE ENTREGA DE DATOS A ICE ALEGANDO PROTECCIÓN A MENORES

Redacción El Comercio de Colorado

El gobernador de Colorado, Jared Polis, enfrenta una demanda judicial presentada por un funcionario estatal, quien lo acusa de ordenar la entrega de información personal de inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El demandante argumenta que esta acción presuntamente viola leyes estatales de protección de datos vigentes desde hace años.

La querella fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Denver y señala que, en abril pasado, Polis instruyó a Scott Moss, director de la División de Normas y Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, y a otros funcionarios estatales, a colaborar con ICE proporcionando datos de decenas de inmigrantes.

Respuesta a citación administrativa

La demanda sostiene que la orden de Polis respondía a una “citación administrativa”, es decir, una solicitud de ICE sin orden judicial. De acuerdo con las leyes de Colorado, se prohíbe expresamente compartir información personal con autoridades federales de inmigración sin autorización judicial, incluso en contextos administrativos.

El documento subraya que esta decisión ocurrió el 24 de abril, apenas días antes de que Polis promulgara la ley SB25-276, que refuerza las protecciones de datos personales y prohíbe este tipo de cooperación sin orden judicial.

Investigación sobre menores no acompañados

Según la demanda, la citación estaba relacionada con una investigación sobre el cuidado de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, las leyes locales requieren una orden judicial para entregar cualquier información, incluso en casos de protección infantil.

Los demandantes alegan que esta cooperación expuso a empleados públicos a riesgos legales, incluyendo multas de hasta 50 mil dólares, y solicitan al tribunal medidas cautelares para evitar sanciones y cubrir los costos legales.

Respuesta de Jared Polis

El portavoz del gobernador, Eric Maruyama, defendió la actuación de Polis, afirmando que la entrega de datos fue para colaborar en investigaciones criminales relacionadas con la protección de menores contra la trata y el abuso. Según Maruyama, la ley estatal permite excepciones para este tipo de casos.

“Ayudar a nuestros socios federales a rescatar niños víctimas de abuso es un imperativo moral. Nuestra cooperación está en línea con las excepciones legales para investigaciones criminales”, señaló Maruyama.

División de opiniones

Mientras Polis sostiene que su decisión cumple con la ley, legisladores demócratas que promovieron la legislación de protección de datos expresaron su “profunda decepción y preocupación”. Consideran que esta cooperación podría erosionar la confianza pública y poner en riesgo a las personas protegidas por el sistema de bienestar infantil.

Contexto y repercusiones

Colorado es considerado un estado santuario y ha estado bajo la mira del gobierno federal por sus políticas de protección a inmigrantes. Esta demanda podría abrir un nuevo debate sobre los límites entre la colaboración con autoridades federales y la protección de derechos en contextos de inmigración.