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MÁXIMO TRIBUNAL ATRAJO CASO DEL EX-GOBERNADOR
Redacción El Comercio de Colorado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México asumió la responsabilidad histórica de resolver el futuro procesal de César Duarte Jáquez exgobernador del estado de Chihuahua. El máximo tribunal del país ejerció su facultad constitucional de atracción para revisar de manera directa los recursos de amparo promovidos por la defensa del exmandatario.
En el sistema judicial mexicano la facultad de atracción representa una herramienta legal de carácter extraordinario que permite a la Corte quitarle un expediente a los jueces locales o tribunales colegiados de circuito para resolverlo directamente en el pleno. Este procedimiento especial ocurre únicamente cuando la materia del litigio posee un interés social de alto impacto nacional y una trascendencia jurídica fundamental.
En este caso esta atracción servirá para establecer reglas generales aplicables a todo el territorio mexicano. La determinación adoptada por los ministros busca esclarecer definitivamente las reglas del juego procesal tras la llegada de Duarte a territorio mexicano en el año 2022.
Origen del conflicto
El exgobernador fue detenido en Florida en el año 2020 y posteriormente entregado por el gobierno de Estados Unidos a las autoridades mexicanas. Esa extradición ocurrió bajo un principio de derecho internacional conocido formalmente como la regla de especialidad. Este mecanismo jurídico de la diplomacia internacional establece con absoluta claridad los procesos.
En este caso, una persona entregada por otra nación únicamente puede ser procesada y juzgada por los delitos específicos que fueron expresamente autorizados en el acuerdo de extradición original. En el caso particular de Duarte la autorización inicial concedida por la justicia estadounidense se limitó de forma estricta a las acusaciones por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El punto central del conflicto legal que obligó a la intervención directa de la Suprema Corte surgió cuando la fiscalía general del Estado de Chihuahua intentó sumar nuevos cargos penales al expediente del exmandatario. La defensa legal de Duarte promovió diversos juicios de amparo.
Argumento de la defensa
La defensa argumentó que las autoridades estatales vulneraron el debido proceso y su derecho constitucional de audiencia. Dijeron los abogados de Duarte que violaron sus derechos al no habérsele permitido defenderse ni ser escuchado dentro del trámite diplomático antes de que la Cancillería mexicana solicitara a Estados Unidos la ampliación del catálogo de delitos.
Al ejercer la facultad de atracción sobre el caso el alto tribunal no juzgará si el exgobernador es culpable o inocente de los señalamientos de corrupción que se le imputan en su estado natal. En su lugar los ministros analizarán de fondo si el Estado mexicano vulneró las garantías individuales y los derechos fundamentales del procesado durante las gestiones internacionales.
La resolución final que adopte la Suprema Corte de Justicia no solo definirá las acusaciones concretas que Duarte deberá enfrentar en los tribunales locales de Chihuahua, sino que sentará un precedente definitivo sobre los límites precisos que deben respetar todas las fiscalías del país al intentar procesar a personas que han sido extraditadas bajo tratados y convenios internacionales.
Suprema Corte decidirá reglas para juzgar a César Duarte
Perfil y acusaciones
César Duarte Jáquez fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016 representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su mandato, encabezó una de las redes de corrupción pública más complejas en la historia del estado, caracterizada por el presunto desvío sistemático de miles de millones de pesos del erario estatal hacia empresas fantasma, campañas políticas y negocios personales.
Entre las maniobras más señaladas sobresale la creación de convenios gubernamentales simulados en dependencias clave y la triangulación de recursos públicos a través de asociaciones ganaderas de las cuales el propio exgobernador era socio o accionista. Tras el término de su gestión, permaneció prófugo hasta su arresto en Miami en 2020 y posterior extradición a México en 2022.
Actualmente enfrenta procesos por peculado, asociación delictuosa y lavados de dinero, convirtiéndose en una figura emblemática de la impunidad y del saqueo de fondos públicos en el norte de México.
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