Periodistas de México enfrentan balas y demandas judiciales

PRENSA ENFRENTA DESAFÍOS| Una persona lee un periódico en un mercado de Campeche, México. (AP Foto/Martín Zetina)

CASO DEL DIARIO TRIBUNA EN CAMPECHE MUESTRA HOSTILIDAD JUDICIAL

Basado en reporte de The Associated Press

Los periodistas y medios de comunicación en México enfrentan una amenaza creciente que está transformando radicalmente el escenario de la libertad de expresión en la nación azteca. Mientras que históricamente el ejercicio periodístico en ese país se ha visto bajo el asedio directo de la violencia armada y la delincuencia organizada, una nueva táctica institucional se propaga con fuerza.

Esta estrategia consiste en la utilización sistemática de los tribunales y el sistema de justicia como herramientas de silenciamiento, amedrentamiento y censura previa. De acuerdo con informes de la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, durante el año 2025 se presentó una nueva demanda civil o penal contra comunicadores y empresas periodísticas cada seis días en México, acumulando un total de 69 casos registrados.

Esta abrumadora cifra representa el triple de los procesos judiciales iniciados durante el año anterior, evidenciando un preocupante patrón de acoso institucional. Representantes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señalan que diversos actores políticos han identificado en los litigios un método sumamente eficaz para acallar a la prensa, amparándose estratégicamente en una aparente fachada de legalidad que evita el costo político inmediato.

Caso del diario Tribuna en Campeche

Un caso emblemático de esta hostilidad judicial ocurre en el estado de Campeche con el diario Tribuna, un medio de comunicación con medio siglo de trayectoria regional. Tras el cambio de administración estatal encabezado por la gobernadora Layda Sansores, el periódico sufrió el retiro de la publicidad oficial, recurso indispensable para su sostenimiento económico. Además, la mandataria inició un espacio televisivo donde denigraba públicamente a reporteros.

Posteriormente, la funcionaria entabló denuncias penales y civiles contra su editor, Jorge Luis González, alegando daño moral y violencia de género. A mediados de 2025, fallos judiciales llegaron al extremo inédito de prohibir a González ejercer la profesión periodística por dos años y designar un censor judicial para revisar sus publicaciones antes de ser difundidas en línea, medida que fue apelada y suspendida temporalmente tras rechazo de gremios de prensa.

A este complejo y hostil panorama legal se suma una trágica realidad de violencia física constante. Cifras del CPJ indican que siete periodistas han perdido la vida de forma violenta en lo que va del año, consolidando uno de los periodos más mortíferos para la prensa en la historia reciente del país. Claudia Sheinbaum ha mantenido un tono menos confrontativo hacia los medios en comparación con su antecesor.

Advertencia del relator especial de la ONU

Sin embargo, la entrada en vigor de regulaciones federales sobre los “derechos de las audiencias” ha encendido alertas ante el riesgo de que las autoridades gubernamentales puedan intervenir arbitrariamente en controversias editoriales. Alertas similares sobre la instrumentalización de las leyes han sido emitidas formalmente por las Naciones Unidas.

Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, advirtió que los marcos normativos ambiguos basados en la persecución del “discurso de odio” o las “noticias falsas” terminan por convertir al Estado y a los jueces en árbitros inquisidores de la verdad. Maldonado enfatizó que estas leyes vagas vulneran gravemente las garantías democráticas.

Mientras tanto, redes de activistas y comunicadores locales impulsan medidas normativas para salvaguardar a los defensores de derechos humanos en regiones altamente vulnerables. Sin embargo, entre redacciones vacías y rotativas paralizadas, la amenaza judicial continúa ensombreciendo gravemente el futuro del periodismo libre e independiente en México.