Otra corte de apelaciones dictaminó que migrantes tienen derecho a fianza

QUINTA CORTE QUE LO DECIDE

Sudhin Thanawala/ Associated Press

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la administración Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos dentro de los Estados Unidos la oportunidad de salir bajo fianza. La decisión 2-1 tomada por la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, profundiza la división entre los tribunales federales de apelación sobre la política de detención obligatoria de la administración.

Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de EE. UU. se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos de inmigración estaban pendientes. El julio pasado, los funcionarios de inmigración emitieron una directriz que expandía la detención obligatoria a los inmigrantes en el interior de los EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que confía en su posición legal con respecto a la detención obligatoria. La administración Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos dentro de los Estados Unidos una oportunidad de liberación bajo fianza, dictaminó un tribunal federal de apelaciones. La decisión fue de 2 votos contra 1 de la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de EE. UU.

Van 5 a 2

Esa corte, con sede en San Francisco, tiene un juez designado por el presidente Trump, profundizó una división entre los tribunales federales de apelaciones sobre la política de detención obligatoria de la administración. Otros cuatro tribunales de apelaciones también la han rechazado, mientras que el Quinto Circuito en Nueva Orleans y el Octavo Circuito en St. Louis se han alineado con la administración Trump.

La creciente división entre circuitos aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema de los EE. UU. eventualmente asuma el asunto. La administración pidió el mes pasado a la alta corte que lo considere. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. dijo que “está en total desacuerdo con el panel del Noveno Circuito y confía en su posición legal con respecto a la detención obligatoria”.

“El presidente Donald Trump y el secretario Mullin están aplicando ahora la ley tal como fue escrita originalmente para mantener a Estados Unidos seguro”, señaló el comunicado. Bajo administraciones anteriores, a la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados dentro de los EE. UU. se les permitía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos migratorios estaban pendientes.

Para arrestados en la frontera

 La detención obligatoria se reservaba generalmente para las personas arrestadas en la frontera. El julio pasado, los funcionarios de inmigración emitieron una directriz que expandió la detención obligatoria a los inmigrantes en el interior de EE. UU. La medida provocó una ola de demandas federales por parte de inmigrantes que buscaban ser liberados de la custodia.

Algunos jueces federales que ordenaron audiencias de fianza arremetieron contra la administración por violar repetidamente sus órdenes. La administración Trump ha argumentado que el Congreso modificó la ley de inmigración en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero que las administraciones anteriores no hicieron cumplir esa disposición.

En el fallo del jueves, el juez del 9.º Circuito de EE. UU., Daniel Bress, redactó el texto de la mayoría rechazando ese argumento. “Aunque ninguna interpretación de las complicadas e interrelacionadas disposiciones textuales en cuestión carece de deficiencias, la comprensión histórica del estatuto es la mejor”, escribió Bress, un juez designado por Trump.

A él se le unió la jueza M. Margaret McKeown, quien fue designada por el presidente Bill Clinton. El juez Carlos Bea, designado por el presidente George W. Bush, disintió, afirmando que el texto y el propósito de una enmienda que el Congreso aprobó en 1996 respaldan la interpretación de la administración Trump.