REMOVIDO| Billy Long. (Foto/Efe)
DHS QUIERE DATOS DE QUIENES PIDIERON EXENSIONES FISCALES
Redacción El Comercio de Colorado
El jefe del Servicio Interno de Impuestos (IRS), Billy Long, fue despedido después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara datos sensibles y privados de contribuyentes para confirmar las direcciones de supuestos inmigrantes indocumentados. Esa orden, según Long, excedía el acuerdo para que la agencia tributaria colabore con las deportaciones.
El Washington Post reporta que el DHS pidió al IRS que le ayudara a ampliar los datos personales de una lista de 40 mil personas sospechosas de residir en el país ilegalmente, haciendo uso de datos confidenciales de contribuyentes. En un primer momento, el IRS colaboró para identificar alrededor de un 3 % de los nombres de la lista, principalmente aquellos asociados con un número de identificación fiscal ITIN.
Ese es el número que muchos indocumentados utilizan para trabajar y pagar miles de millones de dólares en impuestos en Estados Unidos. El desencuentro entre el IRS y el DHS se produjo el pasado viernes 8 de agosto, cuando este último solicitó a la agencia tributaria datos de declaraciones de impuestos, como aquellos que reclamaron exenciones fiscales a las que por su estatus legal podrían no tener derecho.
Mensaje de la administración Trump
El compartir esta información fiscal, cuyo uso para deportaciones han criticado abogados de privacidad tributaria, elevó la oposición de funcionarios del IRS. Esos funcionarios consideran que exponer datos sensibles vulnera los derechos, según informó el Post. Long habría reiterado que el IRS no iba a compartir información fuera de los confines de un acuerdo firmado con el DHS en abril.
“La Administración Trump está trabajando para eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aproveche de los beneficios que están pensados para contribuyentes americanos que trabajan duro”, indicó en un comunicado la Casa Blanca. El DHS confía que una mayor implicación del IRS podría facilitar la captura de siete del alrededor de once millones de indocumentados que se cree que viven, trabajan y tributan en el país.

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