USCIS penaliza uso de Medicaid, cupones de alimentos y vivienda

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ENTRA EN VIGOR ESTRICTA REGLA DE CARGA PÚBLICA

Redacción El Comercio de Colorado

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio un giro drástico a las políticas de ajuste de estatus al poner en marcha formalmente la nueva normativa de Carga Pública el pasado 18 de septiembre de 2026. La medida invalida de manera definitiva las disposiciones más flexibles instauradas en 2022.

La nueva norma restablece un marco regulatorio riguroso para evaluar si una persona que solicita la residencia permanente corre el riesgo de convertirse en una carga financiera para el Estado. Este cambio busca restringir el acceso a la residencia legal mediante un escrutinio exhaustivo sobre los recursos socioeconómicos y el historial de los solicitantes.

Retorno del escrutinio a los beneficios no monetarios

El pilar fundamental de esta regulación radica en la ampliación de los programas de asistencia gubernamental que los oficiales de inmigración pueden considerar durante el análisis de cada expediente. La normativa anterior limitaba el escrutinio a la ayuda monetaria directa en efectivo o a los cuidados médicos institucionalizados a largo plazo.

La nueva regla otorga la facultad de penalizar la recepción de beneficios públicos basados en ingresos conocidos como programas de asistencia comunitaria. Entre los servicios que ahora quedan bajo revisión destacan la atención médica general de adultos a través de Medicaid, la ayuda alimentaria del programa SNAP y los subsidios de vivienda pública o Sección 8.

Evaluación discrecional de las circunstancias

La normativa concede a los adjudicadores un margen de discrecionalidad considerablemente amplio para analizar la situación integral de los inmigrantes. Además de verificar el uso de asistencias públicas, los funcionarios examinarán minuciosamente el nivel de ingresos familiares, el historial crediticio, el récord de empleo continuo, el estado de salud física, la edad, el nivel educativo alcanzado e incluso el grado de dominio del idioma inglés del solicitante.

Bajo estos criterios, quienes no alcancen un nivel de ingresos equivalente al 125% de las guías federales de pobreza o presenten padecimientos de salud sin seguro médico privado podrían enfrentar serios obstáculos para obtener su estatus legal. Las autoridades migratorias precisaron que la nueva regla de Carga Pública no tiene carácter retroactivo.

Grupos exentos

Esto implica que la estricta evaluación aplicará únicamente a los formularios I-485 de ajuste de estatus que hayan sido presentados o matasellados formalmente a partir del 18 de septiembre de 2026, dejando a las solicitudes ingresadas antes de esa fecha bajo el amparo de la normativa precedente.

Asimismo, quedan exentos de esta regulación los residentes permanentes que tramiten la naturalización, las personas que renueven su tarjeta de residencia y las poblaciones vulnerables protegidas bajo categorías humanitarias como asilados, refugiados y sobrevivientes de violencia doméstica o delitos graves.

Litigios en desarrollo

El impacto de la entrada en vigor de esta norma ha comenzado a provocar un marcado efecto disuasorio en los vecindarios hispanos de todo el país. Diversas organizaciones comunitarias y defensores de los derechos civiles alertan que la confusión generalizada está llevando a miles de familias a cancelar o rechazar asistencias médicas y alimentarias básicas para sus hijos nacidos en Estados Unidos por temor a perjudicar sus futuros trámites migratorios.

Ante esta preocupante situación, coaliciones de ciudades y grupos legales han iniciado demandas en tribunales federales buscando frenar judicialmente la orden, mientras exhortan a los inmigrantes a consultar con abogados acreditados antes de tomar decisiones apresuradas sobre sus beneficios de salud.