43% de familias hispanas de Colorado reporta empeoramiento de su economía

ALZA DE VIVIENDA Y DEPORTACIONES DISGUSTAN A VOTANTES

Redacción El Comercio de Colorado

El 43 por ciento de los votantes hispanos en Colorado afirma que su situación económica personal empeoró durante el último año, superando por casi el doble al 22 por ciento que reporta mejoras financieras, según reveló la sexta edición de la Colorado Latino Policy Agenda. Esta marcada vulnerabilidad económica, sumada a la carestía de vida y al incremento de las tácticas de deportación, ha generado un descontento sin precedentes en la comunidad latina, afectando principalmente a las familias con ingresos inferiores a los 40 mil dólares anuales.

El estudio anual de investigación pública, impulsado por las organizaciones Voces Unidas y COLOR tras encuestar a 1.606 votantes registrados, muestra un giro crítico en las percepciones políticas del estado. Por primera vez desde que se realiza esta medición, un 46 por ciento de los encuestados considera que Colorado marcha por el camino equivocado, superando al 40 por ciento que opina lo contrario. A nivel nacional, el pesimismo alcanza al 66 por ciento de los participantes, de los cuales tres cuartas partes responsabilizan directamente al presidente Donald Trump y sus políticas por el rumbo del país.

La crisis en el costo de la vivienda irrumpió con fuerza como la tercera prioridad política federal para la comunidad, al saltar del 13 por ciento de preocupación registrado el año pasado al 28 por ciento en el informe actual. Los alquileres inasequibles llevaron a un 78 por ciento de los consultados a exigir límites a los incrementos anuales de renta y a un 75 por ciento a demandar una mayor protección legal frente a los desalojos en la entidad.

Política migratoria principal preocupación no económica

En materia migratoria, la protección de los derechos de los inmigrantes se consolidó como la principal prioridad no económica dentro del censo. Cuatro de cada diez hispanos en Colorado aseguran conocer directamente a alguien que ha sido deportado, una realidad que impulsó a un 60 por ciento de los encuestados a oponerse a que el gobierno estatal comparta datos personales con las autoridades de inmigración y a un 77 por ciento a respaldar el derecho de entablar demandas contra agentes federales que violen derechos durante los operativos.

El impacto financiero también castiga el bienestar físico de los hogares latinos. La encuesta revela que un 25 por ciento de los votantes evaluó su estado de salud general como peor en comparación con el año previo, mientras que un 24 por ciento admitió haber aplazado o cancelado consultas médicas de rutina o vacunaciones preventivas debido a la imposibilidad de cubrir los costos de los tratamientos y seguros de salud.

A pesar de que el 83 por ciento de los participantes manifestó su firme intención de acudir a las urnas en las próximas elecciones de noviembre, las organizaciones políticas continúan ignorando a esta fuerza electoral ascendente. El 42 por ciento de los votantes hispanos registrados declaró no haber recibido ningún tipo de contacto o llamado por parte de candidatos o partidos políticos, una brecha de movilización que persiste incluso en los distritos congresionales más disputados del estado.