Frenan rastreo de muertes por conductores bajo efectos de drogas

(Foto/Imagen creada por AI)

RECORTES A PRESUPUESTO FEDERAL AFECTAN A COLORADO

Redacción El Comercio de Colorado

La seguridad en las carreteras de Colorado enfrenta un grave vacío de información en un momento crítico para la salud pública. Mientras el país lidia con una profunda crisis de opioides y una creciente flexibilización de las leyes sobre el cannabis, los esfuerzos federales para rastrear y comprender los accidentes mortales causados por conductores bajo los efectos de drogas se han estancado de manera alarmante debido a los recientes recortes de personal bajo la actual administración federal.

El impacto real de este vacío estadístico se vive en el dolor de familias locales en el estado. Una mañana de septiembre de 2024, los trabajadores estatales de transporte Nathan Jones y Trent Umberger reemplazaban una señal en el acotamiento de la autopista U.S. 6 en el oeste de Colorado cuando fueron atropellados por un Jeep Grand Cherokee. El choque cobró la vida de ambos empleados y de un pasajero del vehículo.

Las pruebas de laboratorio posteriores revelaron que el conductor, Patrick Sneddon, tenía oxicodona y seis veces el umbral de presunción de incapacidad por THC en la sangre, lo que resultó en una condena de 30 años de prisión. A pesar de tragedias como esta, las autoridades federales de seguridad vial continúan sin registrar de forma sistemática las muertes que involucran a conductores bajo la influencia de estupefacientes o de una combinación de estos con alcohol.

La abogada de Sneddon, Jennifer Gregory, explicó que la ley de Colorado establece una inferencia permisible de incapacidad si la sangre contiene cinco nanogramos de THC o más por litro. Sin embargo, este umbral difiere sustancialmente de un límite legal estricto, como el 0.08 por ciento de alcohol, y carece de respaldo en estudios científicos publicados, lo que complica enormemente la demostración jurídica de la alteración de facultades en las cortes.

Impacto de los recortes federales

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte advirtieron desde hace años que casi la mitad de los arrestados por conducir intoxicados y más de una cuarta parte de los conductores fallecidos dan positivo a múltiples sustancias. No obstante, la actual administración federal aplicó recortes profundos a la fuerza laboral federal que paralizaron los planes para expandir este rastreo nacional.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras vio reducir su personal de 790 empleados a cerca de 550 debido a despidos y renuncias voluntarias. La falta de brazos en las oficinas de investigación es crítica. Expertos como Caroline Cash e Ian O’Dowd, quienes trabajaban en la división de conducción bajo los efectos de sustancias de la agencia, confirmaron que los equipos de investigación quedaron reducidos a su mínima expresión.

Esta falta de personal técnico vuelve inmanejable la supervisión de los estudios necesarios para procesar la información de los estados.

Fondos congelados y futuro incierto

La brecha de información se hace evidente al revisar condados como Mesa, en Colorado. Aunque los datos locales indican que casi la mitad de las muertes de tráfico involucran alcohol combinado con drogas, las bases de datos federales a menudo presentan datos erróneos o incompletos. La investigadora Jana Price señaló que, si la sociedad solo vigila el alcohol, se limita la capacidad para diseñar contramedidas efectivas contra el verdadero problema que amenaza a la población.

Estudios preliminares realizados con la ayuda de 11 centros de traumatología demostraron que el 44 por ciento de los conductores que terminaron en salas de emergencias por accidentes viales tenían sustancias incapacitantes en la sangre. Sin embargo, la falta de infraestructura de investigación en zonas rurales dificulta la expansión de estos programas de vigilancia.

Aunque la ley de infraestructura de 2022 asignó millones de dólares para modernizar los programas de datos sobre accidentes, más de 475 millones permanecían congelados debido a la burocracia en el Departamento de Transporte. Con el vencimiento de estos fondos y las propuestas del Congreso para recortar drásticamente los presupuestos de transporte hacia un enfoque meramente tradicional de carreteras y puentes, el futuro del monitoreo de la salud pública vial permanece en una total incertidumbre.

Basado en una historia de KFF Health News divulgada por Colorado News Connections